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Presidente de Perú cierra el Congreso

¿Por qué tomó esa decisión el presidente peruano?

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El presidente peruano Martín Vizcarra disolvió el Congreso luego de un prolongado enfrentamiento con la oposición legislativa -suceso que no ocurría en el país andino desde hace 27 años- acusándola de impedir su cruzada anticorrupción.

Horas más tarde anunció que las nuevas elecciones legislativas se realizarán el 26 de enero de 2020.

En un breve mensaje a la nación desde el palacio presidencial, Vizcarra dijo que se le denegó de forma fáctica un voto de confianza que solicitó y por ello “decidí disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República”.

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“Estamos haciendo historia y espero que entiendan la importancia de esta lucha, seguirán encontrando a este presidente que dará la lucha por el Perú”.

La decisión fue aclamada por cientos de ciudadanos a las afueras del palacio legislativo, pero también en las calles de las principales ciudades del país, donde los simpatizantes cargaron pancartas con leyendas como “Fuera ratas del Congreso” y “Basta de mentiras, cierre del Congreso” en protestas pacíficas. La policía montó guardia en los alrededores del palacio legislativo.

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Vizcarra citó el artículo 134 de la constitución que indica que si se niega el voto de confianza a dos gabinetes de un gobierno, el presidente puede disolver el Parlamento y mantiene una comisión permanente.

El Congreso ya negó un voto de confianza al gobierno durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, a quien Vizcarra reemplazó tras su renuncia por acusaciones de nexos con la constructora brasileña Odebrecht.

En conformidad a la ley peruana, el presidente recibió la renuncia del primer ministro Salvador del Solar y nombró como reemplazo a Vicente Zeballos, cercano del mandatario y quien previamente ejercía el cargo de ministro de Justicia.

Las fuerzas armadas no emitieron comentarios de lo ocurrido. El Comando Conjunto de las Fuerzas armadas no respondió de inmediato a una solicitud de AP en busca de comentarios.

En varios actos simbólicos, el Congreso dominado por el partido conservador Fuerza Popular “suspendió” de sus funciones a Vizcarra y “juramentó” a la vicepresidenta Mercedes Aráoz quien afirmó que convocará a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que “ayude a un espacio de reconciliación profundo” donde participen todos los partidos políticos.

Si el presidente Donald Trump no se reelige, de nada habrá servido ceder todo en el tema migratorio y frente a un nuevo gobierno en Estados Unidos, México tendría que cargar con la imagen de aliado de Trump sin realmente haberlo sido.

César Landa, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Perú, dijo a la AP que cualquier decisión del Parlamento posterior a su disolución no tiene “ningún valor, es como el fruto de un árbol que ya está podrido”.

Por su parte, Daniel Salaverry, legislador que se distanció de Fuerza Popular calificó a sus colegas como “pollos sin cabeza, piensan que siguen vivos pero ya están muertos”.

El parlamentario opositor Jorge del Castillo, del partido del fallecido expresidente Alan García _ quien se suicidó poco antes de ser detenido por una investigación vinculada a Odebrecht _ dijo que “Vizcarra y sus ministros terminarán en la cárcel”. Otro legislador, Héctor Becerril, de Fuerza Popular, escribió en su cuenta de Twitter “Hoy comienza su fin”, refiriéndose a Vizcarra.

La decisión presidencial podría significar una nueva inestabilidad en el país. Perú se enfrenta a las consecuencias del escándalo de la corrupción de Odebrecht, el desplome en la confianza en las instituciones públicas y la lucha por gobernar de un presidente sin experiencia.

El gremio empresarial rechazó la decisión de Vizcarra a quien acusó de haber “sumergido al país en una grave incertidumbre”.

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También es probable que la decisión sea bien recibida por los peruanos que han pedido cerrar el Congreso para reemplazar a los representantes del partido mayoritario, liderado por Keiko Fujimori, primogénita del expresidente Alberto Fujimori, ex primera dama en el gobierno de su padre y ex candidata presidencial que está en prisión mientras se le investiga por supuesto lavado de dinero de Odebrecht.

“Los peruanos no derramarán muchas lágrimas”, dijo Steven Levitsky, politólogo de la Universidad de Harvard quien ha estudiado extensamente a la nación.

En 1992 el entonces presidente Alberto Fujimori disolvió el Parlamento, pero a diferencia de Vizcarra permaneció en el cargo ocho años más hasta que dejó el poder acosado por escándalos de corrupción en la compra de congresistas de otras bancadas.

Fujimori cumple una condena en prisión por 25 años por su responsabilidad en el asesinato de 25 peruanos en los primeros años de su gobierno, también está condenado por corrupción.

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Vizcarra exigía al parlamento que afine los criterios para la elección de seis candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, órgano clave para el manejo del poder y que definirá la libertad o prisión de Keiko Fujimori, y si se incluye en un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht a varios parlamentarios que habrían recibido dinero de la constructora.

Vizcarra asumió el poder en marzo de 2018 en reemplazo de Kuczynski y su mandato debería culminar en 2021.

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